Por Narciso Isa Conde
El fin del 2017 nos recibió con las evidencias incontrovertibles de la existencia de un poder estatal-empresarial mafioso, empobrecedor de mayorías. Pero también con una indignación nacional transformada en capacidad de movilización popular.
Si bien no se logró el Fin de la Impunidad para acabar con la corrupción que emana de ese poder, esa meta sigue siendo asumida por una gran parte de esta sociedad.
Esto así porque corrupción e impunidad conforman un sistema de gobierno y de gestión estatal que acompañan a un capitalismo gansterizado a escala local e internacional, que determinan que las iniciativas legales de sanción a la corrupción y sus protagonistas choquen con una barrera infranqueable.
Gobierno, Congreso, sistema judicial, policía, cuerpos castrenses están al servicio de las cúpulas corrompidas que detentan el poder y garantizan seguridad a los beneficiarios de esas prácticas; aun sean agarrados con los cuerpos del delito en las manos, algunos tan voluminosos y ominosos como Punta Catalina y Fundación Global.
Comprobada hasta la saciedad esa desgarradora realidad en el 2017, procede que en el 2018 nos propagamos pensar y actuar en una dimensión superior, comenzando por asumir con determinación la Gran Concentración convocada por Marcha Verde para el domingo 28 de enero frente al Palacio Nacional.
De esa manera la cúpula de la corrupción política pasará a ser el blanco principal de las movilizaciones y reclamos, ya situada en el Congreso Nacional el expediente del Juicio Político al Presidente Medina para despojarlo de la inmunidad que impide su procesamiento judicial.
Consientes todos y todas, de que si ese poder del Estado –como es de esperarse- no cumple con su rol constitucional, le tocará a la sociedad movilizada apoderarse de esa demanda hasta convertirla en un torrente extra-institucional incontenible.
A esa Gran Concentración del 28 de enero le corresponde, pues, asumir con vigor un alto a la desfachatez al compás de la exigencia: ¡Sométase al Juicio, señor Presidente!
Pero además, si para ponerle fin a la impunidad –tal y como se deriva del carácter estructural de la corrupción- es necesario ponerle fin a este tipo de gobierno y a este sistema institucional putrefacto, no hay que vacilar en disponernos a hacerlo sin contemplaciones.
El 2018 exige superar los niveles de movilización desplegados en el 2017 e incorporar las paralizaciones y modalidades de desobediencia civil con un contenido político superior: Juicio a Danilo y transición hacia una Constituyente Popular y Soberana que lo cambie todo.
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